La pandemia mundial que aún nos acompaña ha dejado claro que su impacto no ha sido igual en todos los sectores ni en todos los grupos de la población. Las personas más vulnerables —ya sea por el tipo de contrato, la falta de formación o las condiciones laborales— han sido las más afectadas. Sin embargo, este desafío también nos ofrece la oportunidad de superar barreras y encontrar nuevas soluciones.

Tras la publicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se implementaron medidas económicas y sociales extraordinarias para mitigar el impacto del COVID-19. Estas medidas buscan evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, priorizando la protección de familias, personas autónomas y empresas más afectadas.

La tasa nacional de paro juvenil es la segunda más elevada de la UE, por eso La formación profesional ofrece una alternativa técnica y con una alta empleabilidad. El objetivo de este contrato es proporcionar formación a aquellos trabajadores que no la posean, por tanto, el contrato para la formación y el aprendizaje tiene como finalidad la acreditación del trabajador de una cualificación profesional mientras tiene un contrato laboral con una empresa.

La medida recogida en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, tiene sus repercusiones en todas las modalidades de contratos, con lo cual también afecta al  Contrato de Formación y Aprendizaje. Esta modalidad contractual también se ve afectada por otras variables, como límite de edad, actividad profesional formalizada en el contrato u horas de formación aplicadas por lo que vemos necesario aclarar las implicaciones del cambio del SMI en todos estos factores.